Entrevista a Víctor Osorio: “tornen les massacres, portem 360 exguerrillers assassinats”

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Avui compartim amb vosaltres aquesta entrevista a Víctor Osorio, president del sindicat colombià Memòria Viva. El consell de redacció ha trobat d’interès aprofundir en la realitat dels exguerrillers i apropar-se a la situació actual del procés de pau a Colòmbia. 

Cuéntanos, por favor, que es el sindicato nacional Memoria Viva. ¿Cuándo nace y por qué motivo? 

El Sindicato Nacional Memoria Viva es una organización surgida en el año 2017 como una apuesta organizativa de firmantes del acuerdo de paz que se vincularon a la Unidad Nacional de Protección, en el marco de la implementación del punto 3.4, que dio origen a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección al interior de la UNP, entidad del estado que tiene como finalidad brindar las garantías de seguridad y protección a las y los exguerrilleros que dejaron las armas, a los miembros del partido político surgido del acuerdo y a sus familias.

El acuerdo final de paz determinó que la seguridad de los firmantes sería mixta y que para esto se debería vincular laboralmente a personal que dejaba las armas y se vinculara a la vida civil.

Así las cosas, una vez vinculados como funcionarios y funcionarias públicos, quienes dejamos las armas y personal de confianza nos vimos en la necesidad de tener un proceso organizativo que nos permitiera luchar por los derechos de los y las trabajadoras, como de cierta forma lo habíamos hecho siempre, pero desde otros escenarios de lucha. Así es que nace en diciembre del 2017 el Sindicato Nacional Memoria Viva, una organización clasista que, a demás de hacer respetar los derechos laborales, lucha por la implementación integral del acuerdo de paz y tiene como principios la solidaridad y el internacionalismo proletario.

Somos un sindicato que se compone mayoritariamente por exguerrilleros y exguerrilleras que firmamos el acuerdo de paz y dejamos las armas para vincularnos a la vida civil, sin renunciar a nuestros principios e ideales ni a nuestra visión de país, está integrado también por personal de confianza, que han luchado por la construcción de país y la paz con justicia social desde otras formas organizativas.  

La represión contra líderes y activistas sociales en Colombia ha sido muy dura las últimas décadas. También lo está siendo hacia los excombatientes. ¿Puedes contarnos cuál es la situación después de la firma del Acuerdo de Paz?

Desde la firma del acuerdo de paz hasta la fecha podemos decir que desafortunadamente han aumentado los hechos de violencia contra los líderes y lideresas sociales en los territorios. Volvieron las masacres y están asesinando a los firmantes del acuerdo final de paz, a la fecha van más de 360 exguerrilleros asesinados y sin que el estado colombiano logre implementar una política institucional concreta, seria y acertada que permita frenar los asesinatos. Existen un sin número de acciones judiciales que pretenden amparar los derechos fundamentales a la vida e integridad de firmantes y líderes sociales, tales como, acciones de tutela que ordenan proteger los derechos a la vida, y autos de la Jurisdicción Especial para la Paz que fue creada para esclarecer y juzgar los hechos que ocurrieron en el conflicto armado en Colombia; aun así, las instituciones encargadas de ejecutar y cumplir esas órdenes, se quedan cortas y demuestran su incompetencia para proteger el derecho fundamental a la vida y acuden a todo pretexto y justificación para hacer caso omiso a lo ordenado. Una situación que resulta preocupante, sobre todo en el gobierno que ha llegado al poder con las promesas de hacer de nuestro país una potencia mundial de la vida, y que ha pregonado y propuesto la paz total, esto es un muy mal mensaje para los grupos al margen de la ley con los que el gobierno actual pretender negociar y llegar acuerdo encaminados a su propuesta de la paz total, toda vez que es apenas natural que evidencian que no hay garantías de seguridad. 

A nivel internacional, la victoria de Gustavo Petro en las elecciones se ha visto con gran interés desde la izquierda. ¿Cómo trabaja el gobierno del Presidente Petro para conseguir una paz verdadera? ¿Cuáles son los principales problemas?  

La propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro es una propuesta amplia, que implica tocar temas que en todos los acuerdos anteriores con las insurgencias han sido líneas rojas y que la oligarquía colombiana y los gobiernos de turno no han permitido que se discutan, es decir, una política ambiciosa que pretende erradicar las problemáticas que desde hace décadas han generado inconformidad e injusticia social y desigualdad en el país. Aun así, esta propuesta no tiene una hoja de ruta clara y el país parece naufragar entre muy buenas propuestas y poco o casi nada de acciones, es por eso que hasta el momento los únicos resultados de la paz total, son la reconfiguración de los grupos al margen de la ley que buscan llegar fortalecidos a las mesas de diálogo y arrecian en su accionar en los territorios, poniendo a los líderes sociales y a firmantes en medio del juego y casi que obligándolos a tomar partido por las mismas particularidades del los territorios donde tiene sus bases sociales. 

Considero que el principal problema es que no se está poniendo en primer lugar el cumplimiento del acuerdo de paz del 2016, desconociendo que este es un ejemplo para bien o para mal de lo que se puede llegar a concretar con los diferentes grupos que se pretende negociar hoy, toda vez que ningún insurgente llegaría a un acuerdo de dejación de las armas, con un estado que tradicionalmente ha firmado acuerdos con la intención de incumplirlos y con el único propósito de desarmar a su contendor. 

El Acuerdo de Paz preveía una reforma agraria y regularización de tierras. ¿Se están cumpliendo estos compromisos?

Lo primero es que el acuerdo ha tenido muchos enemigos poderosos, entre ellos los grandes tenedores de la tierra en nuestro país, y lo segundo es un gobierno posterior a la firma que llegó al poder bajo las banderas de hacer trizas el acuerdo de paz y en gran medida lo logró. Este gobierno del cambio ha prometido empezar con el cumplimiento de la formalización de la propiedad de la tierra y de crear el fondo de tierras para los campesinos, así como, incentivar su productividad, aun así, también ha manifestado públicamente que no se cuenta con los recursos para adquirir los 3 millones de hectáreas que se necesitan para cumplir con lo que estipula el acuerdo, por tal motivo, este punto tan trascendental para erradicar las causas que han dado origen al conflicto interno está aún inconcluso y con pocos avances.

¿Cuáles son las reformas o políticas sociales más urgentes en Colombia a día de hoy? 

Las reformas y transformaciones urgentes para la consolidación de la paz con justicia social, pasan por resolver el problema de la tenencia de la tierra y la defensa de los derechos humanos en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Además de la reforma laboral, la cual busca dignificar a los trabajadores colombianos que se encuentran en precarias condiciones de informalidad, reconociendo a nivel salarial y de calidad de vida a las mujeres que realizan la labor de cuidado, tanto así como, a quienes no se les reconocen sus horas extras y nocturnas. Especialmente este punto, es fundamental para los escoltas que dedican buena parte de su tiempo laboral a brindar seguridad a sus protegidos, en horarios que superan las 8 horas y en las que el tiempo de familia es muy limitado.

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