Venezuela: Seguridad, defensa y orden público en el contexto de las guerras asimétricas

Autor

Del mateix autor

Fawzía Abu Jáled

Roque Dalton

Vladimir Maiakovski

Apuntes iniciales

El presente escrito aporta unas reflexiones generales en torno a la concepción del enfoque de seguridad y defensa asumido por el país, a partir de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Estas generalidades hacen igualmente alusión a algunos aspectos particulares de los lineamientos en materia de orden público, concebidos sistémicamente en el entramado de seguridad y defensa. Un aspecto clave de este proceso es la participación organizada del pueblo, entendida en la emergente unidad cívico – militar gestada al fragor de la praxis política en el decurso histórico de la Revolución Bolivariana.

La dinámica política experimentada en el país en los últimos años, cuyo común denominador ha sido la política injerencista de los gobiernos de EE.UU. y sus aliados en la región y en Europa, ha puesto a prueba en distintos momentos la capacidad de resistencia del pueblo venezolano. En este tiempo se han experimentado y combinado diversas formas de agresión que se inscriben en las determinantes teóricas de la guerra híbrida. Los impactos de estas acciones han sido devastadores para la economía nacional y, en particular, para la de los sectores más humildes de la población. Además, de significar un retroceso radical en todos los indicadores fundamentales del país.

De allí que, reflexionar sobre los asuntos vinculados con la doctrina de seguridad y defensa de la nación, tienen como escenario los derivados de la coyuntura actual puestos a prueba en situaciones relacionadas con la disrupción del orden público como una de las herramientas tácticas empleadas en marco de la guerra híbrida cuyo propósito es el cambio de régimen, política aplicada contra el país desde 2013. En este contexto, la estrategia encarnada en la unión cívico – militar de resistencia y reversión de la agresión, se inscribe dentro del conjunto de instrumentos que ofrece tal doctrina.

Normatividad y consideraciones políticas sobre seguridad, defensa y orden público en Venezuela

Habría que recrear en la consideración de los tópicos tratados en este ensayo (Seguridad, defensa y orden público, guerras asimétricas), las ideas fundantes del texto constitucional que emerge del proceso constituyente de 1999. Este marco implica incluir a la reflexión, otras normas que fundamenta y dan sentido a esta concepción.

Un punto de partida representa el artículo 2 del texto constitucional, el cual introduce los elementos cardinales que definirán las relaciones sociales e institucionales, en el contexto emergente de la Venezuela post pacto de Punto Fijo. La textualidad del artículo determina los valores sobre los que se funda y guía la república y perfila su modelo de Estado democrático social de Derecho y de Justicia, que defiende “…como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.” [1]

Lo anterior deja entrever un principio fundamental de la doctrina que antepone a la idea del orden público a la de seguridad, los derechos y las libertades del pueblo venezolano; este marco se inscribe en el entendido de que el eje central de esta política son los ciudadanos, su seguridad, concebida en el entramado de garantías políticas y sociales que fundamenta la finalidad del buen vivir. Es decir, tanto la seguridad como el orden público constituyen instrumentos para garantizar el desarrollo de derechos fundamentales. [2]

En correspondencia con este marco teleológico, el artículo 55 de la constitución define la doctrina sobre la garantía de la protección del pueblo por parte del Estado. En este sentido, sostiene que: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.” [3]

Cabe destacar este nuevo relacionamiento del Estado con la ciudadanía, en el que se ofrece un abanico de garantías sociales, políticas y culturales, que promueve nuevos vínculos sociales – comunitarios y que tiene incidencia directa en aspectos de la vida institucional, que en el pasado eran asuntos ajenos al arbitrio popular, como es el tema concerniente a la seguridad y defensa de la nación venezolana.

El Plan de la Patria 2019 – 2025, sintetiza esta aspiración en una línea programática sintetizada en el Objetivo Histórico N° 1, que resalta la defensa, expansión y consolidación de la independencia y la soberanía nacional. Este objetivo hace énfasis en la focalización de las acciones soberanas sobre el aparato económico productivo, así como el económico – financiero, como extensión y condiciones fundamentales para la independencia y la soberanía.

Se trata de ideas muy generales, que repercuten en acciones soberanas dirigidas al sector económico productivo, como se señaló previamente; al igual, tienen incidencias en los ámbitos político, cultural, científico, alimentario, social y espacial. Luego, en un plano más específico, los objetivos nacionales propone, entre otros aspectos, los siguientes: 1) Fortalecer el poder defensivo nacional, así como la unión cívico – militar para proteger y garantizar la Independencia, la soberanía y la paz nacional, asegurando la defensa integral de la Patria. 2) Adecuar el aparato económico productivo, la infraestructura y los servicios del Estado incrementando la capacidad de respuesta a las necesidades del pueblo ante posibles estados de excepción en el marco de la Defensa Integral de la Nación, y 3) Blindar a la República contra los actos y delitos de Guerra Económica, tanto internos como externos, que afecten el sistema económico financiero, capacidades logísticas y de distribución, ataques contra la moneda, así como las libertades económicas del Pueblo. [4]

Consecuentemente con lo anterior, los sucesos políticos de finales del siglo pasado que impactaron a Venezuela, redefinieron la conducción política, con una incidencia definitiva en la orientación en el curso de las transformaciones institucionales ocurridas en el país. De hecho, el proceso constituyente de 1999, que propuso un nuevo marco de relacionamiento del país político con las demás esferas de la sociedad venezolana, incorpora novedosas formas organizativas que responden al nuevo espíritu constitucional y al tiempo político emergente que experimenta la sociedad venezolana en el entretiempo de finales de siglo y comienzos de éste.

Este proceso brindó las bases para la configuración de la novedosa perspectiva en materia de seguridad y defensa de la nación y sobre la concepción sobre Orden Público. Un hecho innovador que incorpora la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), fue la inclusión del pueblo como uno de los actores claves en tareas de defensa y seguridad de la nación. El Título VII de la CRBV sintetiza esta orientación al señalar que todos los venezolanos, así como las personas naturales o jurídicas que se encuentren en el ámbito territorial del país, tienen la responsabilidad de participar en estas tareas.

En este sentido, el texto constitucional sostiene en el Artículo 322 que: “La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.” [5]

Otro aspecto que emerge de esta orientación, es la institucionalización del vínculo cívico – militar, como uno de los pilares del proceso político venezolano. Destaca aquí el principio de corresponsabilidad entre el Estado, sus instituciones y el pueblo en la defensa y seguridad de la nación. Este principio transversaliza áreas estratégicas como ámbitos de participación combinada Estado – fuerzas armadas – pueblo, tales como: la económica, social, político, ambiental, cultural, militar y geográfico. Lo cual materializa esta nueva concepción, que implica al pueblo organizado, en la seguridad y defensa en todas las esferas antes mencionadas.

Lo anterior testifica sobre la doctrina constitucional expuesta en el Artículo 326, que hace alusión a los principios que guían la política de seguridad y defensa de la nación la cual se encuentra fundamentada, a saber:

“…en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional.” [6]

Subyace aquí el principio de corresponsabilidad que permea de manera transversal los ámbitos estratégicos económico – productivo, social, político, geográfico, militar y ambiental, aspecto este reiterado anteriormente.

De esta perspectiva, se deriva que la doctrina basada en la unidad cívico – militar, la cual se rige por tres lineamientos estratégicos, a saber: 1) La participación organizada del pueblo en tareas de defensa nacional; 2) El fortalecimiento de las capacidades militares del país; y 3) La profundización de la unión cívica – militar. Una de las decisiones directa de este marco de actuación es la creación y activación de la Reserva Nacional y la Guardia Territorial, que constituyen los mecanismos de vinculación y participación del pueblo en estas actividades. En cuanto a la Reserva Nacional, ella está apegada a la perspectiva tradicional de las reservas militares existentes en otras realidades; en el caso venezolano, tiene como población objetivo a aquellas personas que, bien sea hayan cumplido el servicio militar, o que voluntariamente se incorporen a ésta. Respecto a la Guardia Nacional Territorial, se trata de un cuerpo constituido por voluntarios que deseen incorporarse para cumplir funciones de defensa y resistencia local, en un hipotético escenario de agresión externa.

La agresión a Venezuela y los retos de la política de seguridad y defensa de la nación

El proceso de desarrollo de las agresiones contra Venezuela, cuya beligerancia fue en aumento a partir de 2014, permitió observar el despliegue de los instrumentos doctrinarios, legales y operacionales para preservar la soberanía nacional, como elemento fundante y razón de la doctrina de seguridad y defensa de la nación.

Ese año fue un hito importante en esta nueva fase de la operación de desestabilización y cambio de régimen contra el gobierno bolivariano, en la que se implementan mecanismos que podrían definirse dentro del enfoque de las Guerras de Cuarta Generación (4GW, por sus siglas en inglés; en adelante utilizaremos las iniciales en castellano: GCG). Durante ese tiempo parte de la dirigencia opositora liderada por Leopoldo López, emprende una campaña de protestas violentas que llamaron “La salida”, mediante la cual se pretendió despojar de la presidencia de la república al presidente legítimo del país, Nicolás Maduro Moros. Aunque los promotores de esta acción sediciosa declararon que se trataba de una “protesta pacífica” liderada por la “sociedad civil” y con el minucioso cobijo de los medios hegemónicos lograron instalar tal relato en el que se incluía la criminalización del gobierno legítimo venezolano; pronto se comprobó que se trataba de una operación de manual, violenta, con financiamiento del exterior, dirigida a deponer al presidente Maduro, justificada bajo el relato del “pacifismo de jóvenes opositores” en contraposición de a un “régimen violento”, “autoritario” y “dictatorial”.

Este marco fue funcional a todas las acciones de agresión y exclusiones unilaterales impuestas al país, como castigo a todo un pueblo por elegir una opción política diferente a la auspiciada por los poderes fácticos externos coordinados con factores golpistas nacionales.

Cabe recordar que la Guerra de Cuarta Generación se comprende como una forma bélica en la que se combinan diferentes métodos e instrumentos de combate, en el que se utilizan de manera intensiva las redes sociales, la internet, entre otras formas de influir en la población; asimismo, se convocan diferentes actores (civiles, militares, policiales, parapoliciales, criminales) que conjugan sus esfuerzos en un escenario de frentes difusos, con el propósito compartido de colapsar al “enemigo”, en este caso al gobierno bolivariano.

En 2013, luego del fallecimiento del presidente Chávez y producto de la convocatoria a elecciones nacionales a raíz de este evento sobrevenido, se abre una nueva fase para la Revolución Bolivariana, en este caso bajo el liderazgo del presidente recién electo, Nicolás Maduro Moros. Cabe contextualizar que, este nuevo escenario, se caracteriza por la emergencia de un liderazgo inédito, desconocido para el chavismo y, en general, para el pueblo venezolano. Las elecciones convocadas de urgencia para ocupar la ausencia absoluta de la presidencia de la república, transcurren en medio de un contexto turbulento que presagia la agudización de la inestabilidad del país; este hecho se ve agravado por el desconocimiento del resultado electoral por parte del principal candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski, que abre con ello el largo y complejo proceso de la política de “cambio de régimen” impulsada hasta ahora por los diferentes gobiernos de los EE.UU.

Junto a esta condicionante política, Venezuela experimenta para ese momento una crisis económica producto de la inestabilidad del mercado de los hidrocarburos, significados con una tendencia a la baja de los precios, a ello se suma un descalabro generalizado del aparato productivo nacional ante el creciente déficits debido a la dependencia de éste a las condicionantes externas vinculados a los precios internacionales del petróleo.

Este escenario que reunía todos los elementos endógenos favorables (Economía en recesión, inseguridad, especulación con los productos de la cesta básica, en el contexto de una transición política, de liderazgo, dentro del bloque chavista) a la política de desestabilización pretendida e impulsada recurrentemente por las diferentes administraciones de los EE.UU., desde los inicios de la Revolución Bolivariana, fue oportunamente aprovechada para instalar las agendas y relatos funcionales a esa estrategia de “golpe blando”, entre los .

La crisis de gobernabilidad, cuya profundización perseguía expulsar por vía inconstitucional al recién electo gobierno del presidente Maduro, toma cuerpo. En esta estrategia implementada por el pentágono que incluía el desconocimiento de las elecciones de abril de 2013, que arrojó como ganador al candidato chavista Nicolás Maduro, combinó diversas formas de desestabilización, mediante focos de protestas en las principales núcleos urbanos del país, con implicación de factores externos, tales como gobiernos alineados a la derecha del espectro político, tal es el caso del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, entre otros; así como organizaciones no gubernamentales cuyo financiamiento venía de los EE.UU., vía la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), entre otras agencias dirigidas a aportar fondos para alinear a los países en los intereses de los EE.UU.

Se trató de una estrategia concertada de vulneración de la soberanía nacional que perseguía tensar al máximo las condiciones de convivencia pacífica del pueblo venezolano mediante la implementación de diferentes tácticas de desestabilización que combinaban al relato comunicacional hegemónico contrario a la imagen y acciones del gobierno legítimo, manifestaciones públicas, saboteos a instituciones estratégicas del Estado, participación concertada de bandas delictivas con factores de la oposición en la violencia callejera, tensando aún más la situación de orden público.

Este asunto no es un tema menor. Desde hace años, especialistas sobre la criminalidad en las sociedades contemporáneas, como es el caso de Max Manwaring (2005) quien ha demostrado esta mutación y reacomodo de las organizaciones delictivas alineadas a los objetivos políticos de factores insurgentes. En este sentido, sostiene el autor que: “El común denominador del enlace y las pandillas a la insurgencia es que el objetivo final de algunas pandillas y de los insurgentes es deponer o controlar los gobiernos de países que son vistos como objetivo.” [7]

En el plano económico, como se asoma arriba, se observa una acelerada y descontrolada manipulación de la tasa cambiaria que repercute en una economía, como la venezolana, atada históricamente a los vaivenes del dólar, lo cual se tradujo en una asfixiante hiperinflación. En definitiva, la política implementada por los EE.UU. ha intentado en estos últimos años desalojar del poder al gobierno bolivariano, haciendo uso de mecanismos ilegales y paralegales, propios de los instrumentos empleados en las guerras híbridas.

El complemento a esta política de cambio de régimen, son las sanciones y bloqueos implementados en contra del país desde 2014, que en la breve cronología que sigue a continuación, se destacan las más medidas sancionatorias unilaterales más significativas aplicadas al país, que hasta la fecha resumen unas 651 [8] sanciones, que incluyen a instituciones y personas vinculadas al gobierno o en funciones de Estado.

En diciembre de ese año el congreso de los EE.UU. aprueba la “Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, mecanismo con el que la administración Obama comienza la campaña de acoso y derribo contra el gobierno venezolano. En marzo 2015, Barack Obama firma la Orden Ejecutiva Nro. 13.692, que define a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.; esta Orden Ejecutiva fue ratificada por Trump y, recientemente, en marzo de este año por el actual presidente, Joe Biden.

El 24 agosto de 2017, la administración Donald Trump dictó la Orden Ejecutiva Nro. 13808, mediante la cual impuso un conjunto de medidas coercitivas y unilaterales contra la economía y las finanzas de la República Bolivariana de Venezuela; estás medidas afectaron el funcionamiento de la industria petrolera, concretamente a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a todo el sistema financiero venezolano. De esta manera, impedía las actividades comerciales, financieras y económicas de Venezuela con el resto del mundo.

Como se afirmaba previamente, la ofensiva sancionatoria y el bloqueo externo se articulaban a las acciones desestabilizadoras internas. Así que, luego del saboteo al diálogo y pacificación del país que venían sucediendo desde finales de 2017 y comienzos del 2018, en República Dominicana, con la participación de varios países garantes; en el caso de la representación del Ejecutivo Nacional, se incorporaron Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Granadinas, por parte de la derecha opositora: México y Chile. Este evento viene precedido de dos hechos significativos: 1) el primero es la intensificación de la violencia callejera eufemísticamente publicitada como “acciones de protesta de la sociedad civil”, con un perfil golpista, conectadas a las protestas de 2014; y 2) La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, como vehículo democrático para canalizar el conflicto y lograr la pacificación del país, convocada por el presidente Maduro, en atención al artículo 348 (CRBV, 2009), que lo habilita para su activación.

Las conversaciones de paz y reconciliación nacional se vieron frustradas debido al saboteo del gobierno de Trump, que ordenó a Julio Borges, representante de la derecha opositora, no presentarse al acto de firma del pacto. Este malogrado evento reabre el escenario de la violencia en el país. Nuevamente se activan las alarmas en torno a las amenazas a la soberanía nacional.

Estas acciones tuvieron su correlato en una batería de órdenes ejecutivas dirigidas a penalizar en ámbitos específicos a la economía y las finanzas venezolanas, como fueron los casos de la Orden Ejecutiva Nro. 13827, de marzo de 2018, contra la criptomoneda Petro; la Orden Ejecutiva Nro. 13835, de mayo de 2018, contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela, y la Orden Ejecutiva Nro. 13850, de noviembre de 2018, contra las operaciones de comercialización del oro de Venezuela. Todas estas medidas políticas fueron impuestas por la administración de Donald Trump.

En el marco de las agresiones al país, habría que destacar el atentado contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, así como, la “Operación Gedeón”, ambas acciones hostiles fraguadas desde Colombia, con implicaciones del gobierno de Duque y factores vinculados al Departamento de Estado. Estos intentos de agresión fallido representaron una nueva exigencia a los dispositivos de seguridad y defensa de la nación. 

El año 2019 representó un punto de inflexión con la imposición de la “presidencia interina” del exdiputado Juan Guaidó, a la sazón presidente de la Asamblea Nacional, en un intento extremo de mantener la política de hostilidad por parte de los EE.UU., la OEA y el Grupo de Lima hacia Venezuela, hecho éste que representó una violación de toda la legalidad vigente en el país. Este “interinato” tutelado por el gobierno de Trump logró el “reconocimiento” internacional de, aproximadamente, 50 países. Este nuevo escenario fue propicio para el despojo al país de la filial de PDVSA en EE.UU., CITGO, mediante la Orden Ejecutiva Nro. 13857, del 28 de enero de 2019, que establece el bloqueo – congelamiento de los activos de PDVSA (CITGO) en ese país.

En este contexto, se organiza una acción de agresión a la soberanía nacional tras el intento de ingresar al país una supuesta ayuda humanitaria desde Colombia, con el telón de fondo de la violencia paramilitar y terrorista proveniente de la vecina república. Este evento, conocido como la “Batalla de los puentes” se logra neutralizar, nuevamente con la participación organizada del pueblo articulado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 30 de abril de ese año, los factores de oposición activaron la llamada “Operación Libertad”, que se tradujo en un levantamiento militar focalizado, que rápidamente fue reducido. 

Unas notas para concluir

El recorrido hecho hasta aquí sólo intenta reflejar algunas de las aristas que caracterizan el complejo equilibrio entre defensa, seguridad y orden público, desde una lectura acotada sobre la realidad de un país bajo asedio. Los conceptos y doctrinas esgrimidos aquí sobre los tópicos mencionados, parte de una lectura histórica – situada, en la realidad venezolana de los últimos tiempos que, pese a las dificultades y contradicciones que pueda generar el proceso político en desarrollo en la nación bolivariana, también revela los intentos por prefigurar con perfil propio la difícil praxis de defensa de la soberanía nacional, en un mundo gobernado por el caos impuesto por la lógica reproductiva del capitalismo necrofílico que gobierna imperialmente al mundo actual. Las claves de la resistencia de Venezuela están en su pueblo y sus capacidades para rehacerse en medio de las adversidades. Para ello ha valido la pena años de pedagogía popular derivada de la madurez progresiva del poder popular, pero también, de la lectura, asimilación y aplicación de los aspectos doctrinarios en los que se sustenta la República Bolivariana de Venezuela que se resume en el artículo 5 (CRVB, 2009) que sentencia: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…”.

Referències

  1. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas: Imprenta Nacional, 2009.
  2. Núñez, Gilda. Políticas de seguridad ciudadana en Venezuela. Especial referencia al desarrollo jurídico penal. Capítulo Criminológico. Vol. 34, Nº 3. Pp. 339 – 361, Julio – septiembre, 2006.
  3.  Ídem, art. 55, 2009.
  4. Asamblea Nacional. República Bolivariana de Venezuela. Plan de la Patria 2025. Hacia la Prosperidad económica. Caracas: Imprenta Nacional. 2019.
  5. Ídem, art. 322, 2009.
  6. Ídem, art. 326, 2009.
  7. Manwaring, Max. Pandillas callejeras. La nueva insurgencia urbana. Instituto de Estudios Estratégicos, marzo 2005.
  8. Statista, marzo de 2022.

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