Está claro que el régimen político español no disfruta de la buena salud de décadas atrás, más convendría reconocer, para no errar el diagnóstico, que mantiene una gran fortaleza, especialmente después de superar, en buena medida, la crisis de legitimidad que acompañó la crisis social y económica desde 2008.
A esto no es ajeno la falta de cuestionamento real por parte de la izquierda española, en un comportamiento que confirma, una vez más, que solo los movimientos soberanistas de las naciones representan una impugnación efectiva del régimen del 78. De hecho, el momento de mayor crisis que conoció en los últimos tiempos fue el proceso en pro de la autodeterminación de Cataluña y la construcción de una República catalana soberana.
En efecto, con la perspectiva que da el tiempo, hoy es más fácil constatar -como el nacionalismo gallego analizó ya en aquel momento- como la izquierda española, envuelta en la retórica de la ‘nueva política’, captó el descontento y la indignación popular y lo condujo al terreno electoral e institucional donde sería conveniente neutralizado y desposeído de su potencial carga revolucionaria.
De “abrir el candado del 78” a apoyar el reforzamiento del carácter corrupto y reaccionario del Tribunal Constitucional -uno de los principales resortes políticos del régimen- va un trayecto político relativamente corto en el tiempo. El mismo que media entre “asaltar los cielos” y saltar a los sillones ministeriales. En este último aniversario de la Constitución española las fuerzas soberanistas firmamos un comunicado conjunto cuestionándola y reclamando derechos democráticos -incluido, claro, el derecho de autodeterminación-, mientras la izquierda española gobernante se dedicó a ensalzarla (PSOE) o se limitó a reclamar “actualizarla” (UP).
Nada nuevo. Se reproduce la misma tensión entre ruptura y pacto que se mantuvo en los estertores de la dictadura franquista, de forma singular en las naciones del Estado. En el caso de la Galiza, conviene recordar -o explicar, porque probablemente este es un hecho poco conocido en Cataluña- que el nacionalismo gallego, desde posiciones soberanistas y de izquierda, sostuvo una firme y prolongada estrategia de ruptura democrática. En tanto la izquierda española pactaba con los últimos gestores del franquismo la mal llamada transición y la Constitución -monarquía incluida-, el Bloque Nacional-Popular Galego (Asamblea Nacional-Popular Gallega y Unión do Povo Galego) lanzaba una propuesta articulada para la creación de un Gobierno Provisional Galego, las denominadas Bases Constitucionais da Nación Galega.
Con esa alternativa, que recogía las bases jurídicas y políticas para la constitución de un Estado Galego soberano, el BN-PG desarrolló una intensa y continuada campaña por la soberanía, con dos momentos clave. Primero defendiendo el no en el referéndum constitucional bajo el eslogan “Contra a Constitución española e colonial, un NON galego e popular” y después enfrentando un Estatuto de autonomía (“Estatuto nunca máis, Bases Constitucionais!”) que implantaba un modelo autonómico insuficiente e inadecuado para las necesidades y las aspiraciones del pueblo trabajador gallego.
En todo caso, el triunfo del pactismo frente a las fuerzas que propugnábamos la ruptura democrática, dio lugar a una ‘transición’ que asentó un marco político de bajísima calidad democrática y que posibilitó la continuidad de muchos estructuras heredadas de la dictadura en ámbitos como el político (del Jefe de Estado para abajo), el económico, el mediático, el militar/policial o el judicial. Fue un triunfo de la oligarquía española, que consiguió imponer un modelo que, bajo la apariencia de la descentralización y del ‘Estado social y de derecho’, garantizaba la unidad de mercado y la estabilidad política necesarias para mantener sus privilegios e intereses de clase.
En el ámbito político solo una de las dos ramas de aquella izquierda que venía de la República y de la oposición al franquismo -ahora ya definitivamente situada en parámetros de socialdemocracia moderada- se benefició del pacto constitucional y se convirtió en una de las patas imprescindibles del turnismo bipartidista que aseguró un funcionamiento estable del régimen durante tres décadas.
En el momento en que el descontento provocado por la crisis social y económica desatada en 2008 pudo representar una amenaza a esa estabilidad, el propio régimen reaccionó provocando cambios en el sistema de partidos de ámbito estatal que ensancharan las opciones de encuadramiento político frente al viejo bipartidismo, siempre con el objetivo de asegurar su continuidad. Lamentablemente, en el caso de la amplia corriente de indignación popular con un régimen político caduco lo que sucedió fue que, como digo, fue rápidamente conducida a un plano institucional más fácilmente controlable, en un proceso del que solo escapó -no sin afectaciones momentáneas, como fue evidente en la de Galiza- la izquierda soberanista de las naciones sin estado.
La consecuencia más visible de ese proceso es la incorporación de Unidas Podemos al Gobierno de coalición junto al PSOE. En todo caso, ¿cual puede ser el balance de estos dos años de ‘Gobierno progresista’? Incluso partiendo de las limitaciones que tiene gobernar en el marco del régimen, creo que el resultado tiene de ser en muchos aspectos decepcionante para todas las personas que creyeron en la posibilidad de cambios importantes. Y eso, a pesar de reconocerles gran habilidad para la propaganda y de que la polarización política con la ultraderecha y la derecha cada vez más ultra puede hacer pasar por muy positivas medidas que en realidad no lo son o no lo son tanto.
Un buen ejemplo de esto es la LOMLOE. No cabe duda de que corrigió aspectos muy negativos de la ‘Ley Wert’, pero quedó lejos de ser una ley de educación realmente progresista, transformadora y respetuosa con los marcos competenciales en materia educativa. No obstante, la desaforada campaña en contra de la derecha y del ultraespañolismo con falacias como que eliminaba el español como lengua vehicular, prohibía la religión y acababa con la escuela concertada, la hizo pasar por una buena ley. La realidad es que nada de eso era verdad: en Galiza el español continúa siendo mayoritario y asfixiante en el sistema educativo, la religión permanece en las aulas y se mantiene el negocio de los centros privados -muchos de ellos de confesiones religiosas- a costa de los recursos públicos.
En todo caso, incluso en el contexto complejo generado por la emergencia sanitaria, no tiene justificación posible el incumplimiento de compromisos electorales y programáticos fundamentales o la aplicación de políticas socialmente regresivas. Entre las primeras, la permanencia de la ‘Ley Mordaza’ o la no derogación aún de las reformas laborales. Entre las últimas, la aprobación de una nueva Ley de pensiones que consolida los aspectos más lesivos de la reforma de 2011 (jubilación a los 67 años, aumento del período de cálculo de 15 a 25 años) penaliza las jubilaciones anticipadas e incentiva las ‘demoradas’ y avanza nuevos recortes, como un nuevo aumento del período de cálculo hasta los 35 años, lo que supondría una caída de las cuantías de entre el 6 y el 10%. A pesar de eso, y de que incumple el compromiso de subir las pensiones mínimas hasta igualarlas con el SMI, fue defendida con entusiasmo por Unidas Podemos en el Congreso. Lógicamente, el BNG votó en contra.
La realidad es que los mínimos avances que se producen o se puedan producir en materia de justicia social, respeto a las lenguas y culturas nacionales o avances democráticos, es y será consecuencia de la presión de las fuerzas nacionalistas, soberanistas e independentistas. Veremos que sucede con la reforma laboral. Por lo pronto, la propuesta conjunta de PSOE y Podemos para modificar la ‘Ley Mordaza’ -hasta donde conocemos- es decepcionante, porque no corrige en muchos casos a vulneración de derechos democráticos. Como lo es la propuesta de enmienda a la Ley de memoria democrática, que no acaba con la impunidad del franquismo. Tendrán que cambiar de posición si el Gobierno quiere contar con los votos soberanistas para aprobarlas.
Somos las fuerzas soberanistas las que, frente a un republicanismo más nominal que real -condicionado por la prioridad que dan a la permanencia en el Gobierno-, cuestionamos la monarquía, defendemos repúblicas democráticas e impulsamos numerosas iniciativas para investigar la corrupción de los Borbones, iniciativas que topan siempre con la entente de PSOE, PP y Vox para amparar las tropelías de Juan Carlos y familia. Fuimos las fuerzas soberanistas las que denunciamos el pacto de PP, PSOE y Podemos que permitió colocar jueces corruptos y reaccionarios en el Tribunal Constitucional y reforzar el papel político, antisocial y ultra de ese órgano.
Somos, en definitiva, las fuerzas nacionalistas, soberanistas e independentistas las que, frente a la renuncia de la izquierda española, mantenemos en alto proyectos de emancipación nacional y social que son también la única hipótesis de una verdadera ruptura democrática con el régimen del 78 y de abrir la puerta a sociedades nuevas, más justas, igualitarias y libres.
Néstor Rego és diputat del BNG al Congreso, secretari general de la Unión do Povo Galego.
